El negocio del 11M agoniza

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El pasado 2 de marzo, ante la campaña de Libertad Digital sobre un montón de chatarra procedente de los vagones del 11M, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidió abrir unas diligencias informativas a dos bandas. Por un lado, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y por otro, en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid.

A finales de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había entregado a Torres Dulce su informe, indicando que la supuesta "notitia criminis" era inexistente, que no había irregularidad alguna y mucho menos delito. A primeros de mayo, la Guardia Civil entregó su atestado a la Audiencia de Madrid, informando de que no existía nada irregular. Hoy día 17, la Fiscalía de Madrid ha remitido su informe al Fiscal General, confirmando que procede archivar dichas diligencias, basándose en el informe «muy profesional», según la Fiscalía, de la Guardia Civil, y en el folio 11.317 del tomo número 33 del sumario del 11M, donde el director de Seguridad de Renfe detallaba todas las operaciones realizadas en los trenes, su destino y reciclado, desde que el 12 de marzo de 2004, a las 7 de la mañana, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ordenara desguazar y retirar los trenes. En las próximas horas/días, el Fiscal General del Estado, don Eduardo Torres Dulce, procederá a archivar tan curiosas diligencias y, desde ese mismo instante, pasará a engrosar la abultada lista de conspiradores, golpistas y todo lo que puedan imaginar los dueños del negocio montado en torno a teorías absurdas sobre el 11 de marzo de 2004.

En el otro foco de bulos sobre el tema, La Gaceta, ayer publicaron lo siguiente: «El Tribunal de Madrid decide hoy si aparta a la juez Cillán del 11-M como pide el fiscal». El titular, engañoso por no decir falso, induce a error hasta al más despierto. Para empezar, los tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, D. José Luís Sánchez Trujillano, D. Ramiro Ventura Faci y Dña. Rosa Brobia Varona, decretaron por unanimidad el sobreseimiento libre por la instrucción abierta en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, puesto que lo instruido por la juez Coro Cillán durante dos años era cosa juzgada, así que archivó el tema, que está pendiente de un recurso. Para continuar, lo que tampoco cuenta La Gaceta es que la juez Coro Cillán ya fue expedientada en 1999, en 2001, y sancionada con suspensión de funciones durante dos años. Nada que ver con el 11M. Lo de ahora es a cuenta del conflicto en una discoteca, en la que presuntamente la juez se apropió de un caso sin ser competente y colocó a un amigo íntimo (léase novio) como administrador judicial y sueldo de 18.000 euros al mes. El Servicio de Inspección intervino proponiendo la apertura de expediente, lo que se remitió al fiscal superior de Madrid para incorporarlo a las diligencias que ya tenía abiertas la juez, y la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir expediente disciplinario, por tres faltas muy graves y una grave en el ejercicio de sus funciones. La novedad consiste en que la Fiscalía de Madrid encuentra indicios de delito, por lo que pide ahora autorización a Eduardo Torres Dulce para interponer una querella por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas), lo que paralizaría el expediente disciplinario al abrirse la vía penal.

Fuentes de toda solvencia confirman a este bloguero que en el inmediato futuro, mientras despiden a media plantilla de Intereconomía y Jiménez Losantos intenta hacerse con Tele Madrid, enfocarán sus investigaciones a probar que el hombre no llegó a la Luna y que estamos sojuzgados por una raza de aliens llamados reptilianos. Pedrojota publicará de forma inminente sus «Conversaciones íntimas de un estadista, ZP, con su mejor amigo, PJ». O no, pero queda bonito, y si ellos pueden inventar chorradas, los demás también.